Introducción
El tráfico de personas con fines de explotación sexual
constituye a nivel mundial el tercer delito más redituable, luego del tráfico
de drogas y de armas. Representa un flagelo para miles de mujeres, niños, niñas
y adolescentes sometidos a una realidad económica que constituye el caldo de
cultivo para las redes delictivas que hacen de esta forma de esclavitud, una
fuente de ingresos donde los riesgos y
las pérdidas son mínimos, y en donde el
respeto por el cuerpo y la dignidad humanos, es inexistente.
La Violencia física y psicológica ejercida sobre las
víctimas genera daños irreparables. La impunidad de sus verdugos resulta
inadmisible. Frente a ello, el rol del Estado y de la Sociedad Civil adquiere
gran protagonismo, en la medida en que
la concientización ciudadana y el mayor compromiso de las instituciones
estatales, condenen no sólo la oferta sino también la demanda de la esclavitud
sexual.
Palabras Clave: esclavitud sexual, violencia física y
psicológica, abuso de poder, concientización ciudadana, políticas de estado
eficientes.
Aunque nos cueste entender, sociedades tan civilizadas del
mundo antiguo como la ateniense o la romana, a pesar de su esplendida vida en
democracia, entendían como natural que una parte significativa de la población
estuviera compuesta por esclavos.
En nuestra sociedad, la existencia de esclavos es
inaceptable. La injusticia social, aún dentro de la legalidad imperante, nos
indigna, sobre todo cuando dicha injusticia supera lo imaginable; cuando
sabemos que hoy mismo existen personas sujetas a esclavitud, cautivas por la
trata de personas.
La Violencia contra las mujeres adquiere una multiplicidad
de formas y expresiones: golpes, malos
tratos, violaciones, muertes por abortos clandestinos, secuestro por redes de
prostitución, etc.
Según datos de la ONU, 1 de cada 3 mujeres es víctima de
violencia: en China están desaparecidas dos millones de mujeres, en India, de
cada 1000 abortos, 927 son de fetos femeninos, en Ciudad Juárez (México) las
desapariciones y asesinatos de cientos de mujeres continúan estando impunes.
En igual sentido, la Triple Frontera que integran Foz de
Iguazú (Brasil), Ciudad del Este (Paraguay) y Puerto Iguazú (Argentina),
constituye un espacio de gran vulnerabilidad para el delito de tráfico de
personas. Se trata de una región con una realidad política, social y económica,
verdaderamente compleja, en donde habitan más de 500.000 personas, y en donde
predominan los pasos fronterizos no habilitados, y una marcada afluencia de
turismo internacional, particularmente de turismo sexual.
La Organización Mundial del trabajo (OIT), ha manifestado
que la trata de personas es el tercer
negocio más redituable, luego del tráfico de drogas y de armas, con ingresos
estimados en 32.000 millones de dólares
anuales.
Ya en el siglo XVII había comenzado a hablarse de “traite des nègres”, y en el siglo XX por
oposición y extensión de “traite des blanches” (Esta expresión encierra una
notable discriminación respecto de las esclavas procedentes del África, para
contrastarla con las mujeres blancas
sometidas a la trata, y pretendiendo de esta manera marcar la
“superioridad” de la trata de mujeres blancas por sobre la de mujeres de raza
negra).
Eugenio Freixas (Director General de la Oficina de
Asistencia Integral a la Víctima del Delito de la Procuración General de la
Nación de Argentina), define dos metodologías de trata: trata “dura” y trata
“blanda”. En la primera, la víctima es capturada a la fuerza y llevada al lugar
de cautiverio donde será explotada sexualmente. En la segunda en cambio,
interviene el engaño respecto de propuestas laborales.
Explica incluso que hay proxenetas que trabajan con métodos
similares a los de la venta en consignación (La consignación es una entrega en
depósito, y las relaciones que se establecen entre el consignador y el
consignatario corresponden a las que en derecho mercantil se estudian como
depósito y agencia), es decir, dejando a su grupo de chicas por un lapso de
tiempo en un prostíbulo, pasando a buscarlas tiempo después, y cobrando
incluso, además de la comisión correspondiente, una especie de “multa”, en caso
de ser restituidas en malas condiciones.
Una de las formas más efectivas de ejercer el “control”
sobre ellas, es generando un vínculo de dependencia económica en virtud del
cual, los traficantes cobran generalmente una suma de dinero por el transporte
y por la restitución de los documentos
de identidad de los cuales las mujeres son despojadas durante o después de
finalizado el traslado; de modo tal que las víctimas, al llegar a destino deben
“abonar” esa suma mediante alguna forma de prostitución. “El endeudamiento se
suscita cuanto el traficante no permite a las mujeres que abandonen la
prostitución, hasta que hayan saldado sus cuentas, y en muchos casos, éstas
crecen por efecto de los cargos por alojamiento y alimentación debidos como sanciones pecuniarias” (Phinney Alison,
“Trafico de Mujeres y niños/as para la explotación sexual en las Américas”
La privación de su
libertad puede hacerse efectiva a través de diferentes mecanismos de coacción,
para que la víctima no pueda, o crea que no puede escapar. Son frecuentemente
encerradas y sometidas a toda clase de
malos tratos, torturas y amenazas, en burdeles o casas, reforzándose el control mediante el enrejado de ventanas,
candados en las puertas, guardias y métodos similares.
También es habitual que los traficantes recurran a la
violencia y a las amenazas de emplearla como medios de iniciación,
intimidación, castigo y control. Se emplea la agresión física y la violación
para “iniciar” a las mujeres en la industria del sexo y para obligarlas al
cumplimiento. Algunas sobrevivientes recuerdan incluso haber sido violadas y
golpeadas como castigo por el rechazo de clientes, presentación de reclamos,
intentos de fuga, o sencillamente para gratificación del traficante o rufián
(Rufián es una palabra derivada del latín que significa “alcahuetear a una
mujer”, en conexión con la expresión
“rufus” es decir pelirrojo, o cabellos rojos, por cuanto las prostitutas
romanas usaban pelucas rojas y rubias).
Las mujeres sometidas a la esclavitud sexual pierden no sólo su derecho a la identidad, sino
también a la parentalidad (dejan de ser
hijas, madres, novias, esposas); a disponer de sus cuerpos y de sus bienes; a
reproducirse libremente, por cuanto en caso de resultar embarazadas son
forzadas a abortar, -o peor aún-, en caso de parir, son obligadas a entregar
sus hijos como instrumento propicio para
el tráfico de niños, o de órganos.
La Violencia física y psicológica generadas por este delito,
provoca depresión, insomnio, paranoia, sensación de desamparo y escasa
autoestima, pensamientos e intentos de suicidio, lesiones físicas como
hematomas, fisura de huesos, heridas de arma blanca, lesiones en la cabeza,
boca y dentadura, y en muchos casos la misma muerte.
Ello sumado al riesgo de contraer infecciones y enfermedades transmisibles por vía sexual
(ITS) como el VIH/SIDA, gonorrea, clamidia, inflamaciones pélvicas, etc. Riesgo
que puede atenuarse o agravarse en función del número de clientes y del uso de
profilácticos.
Frente a esta realidad, el consumo de estupefacientes suele
ser un recurso común de “escape” para las víctimas, pero principalmente un
medio empleado por los proxenetas para mantenerlas dóciles y dependientes.
El Estado y la Sociedad Civil
El tráfico de mujeres
es un fenómeno que afecta a todos los países, y el traslado se hace
siempre de un país pobre hace otro más rico.
En el escenario de América Latina, la trata se remonta a la época de la conquista, cuando
los españoles en cumplimiento de la ley de guerra, tomaban o entregaban el
“botin de mujeres” al vencedor, dando origen al comercio sexual y creando
establecimientos para su ejercicio.
En la actualidad los Estados latinoamericanos y más
específicamente, las democracias latinoamericanas han buscado afirmarse -en
muchos casos, después de sangrientas dictaduras-, hablando del respeto por la
dignidad y los derechos humanos. No obstante, la realidad empírica demuestra
que el pasado no es pasado, que aunque los gobiernos se adjudiquen la bandera
de la “lucha por los derecho humanos”, sus diversas formas de violación
continúan siendo moneda corriente en toda Latinoamérica.
No encontramos frente
a un delito que no ocurre al
margen de las fuerzas de seguridad, ni de los demás funcionaros e instituciones del Estado. Por
el contrario, se han convertido en el eslabón necesario y fundamental para que
el negocio de la trata y tráfico humanos, funcione.
El aparato judicial y policial son esenciales en esta fase: no sólo liberan el territorio,
o incluso realizan ellos mismos los traslados, sino que además facilitan la
documentación falsa, avisan cuándo habrán allanamientos en los prostíbulos,
desestiman u obstaculizan las denuncias de los familiares y las investigaciones,
hacen desaparecer pruebas, cambian silencio por dinero, e incluso tienen “pase
gratis” para cobrarse con las víctimas estos favores o colaboraciones con la
“red”.
Verdadero terrorismo sexual desplegado sobre el cuerpo de
mujeres forzosamente prostituidas: ¿Por
qué no hablar entonces de “esclavitud sexual”? ¿Por qué no asimilar los
prostíbulos a “campos clandestinos de concentración”? Se trata de mujeres
sometidas -sin DNI, ni dinero ni medios de comunicación-, violadas, torturadas
-física y emocionalmente-, obligadas -sin libertad de elección ni escapatoria-
a mantener relaciones sexuales con clientes desconocidos y en lugares de los
que no pueden salir.
¿Y la Sociedad Civil? ¿Cuál es su rol en esta problemática?
¿Por qué la opinión pública repudia la desaparición de personas durante las
dictaduras pero no habla del secuestro de mujeres?
Es necesario erosionar desde abajo el terreno fértil sobre
el cual actúan los traficantes, para obtener y consolidar una solidaridad
política y social, que impida que una mujer, niña, o niño, vuelva ser sometido a ningún tipo de violencia.
Si tornamos visibles a quienes contratan para su placer
sexual a niñas y mujeres esclavas, quedará en descubierto un submundo compuesto
por hombres que, aunque formen parte de organizaciones familiares y de las
instituciones que sostienen los ordenamientos de un país, también se encuentran
sexualmente comprometidos con estas situaciones de “abuso de poder”.
Si bien es cierto que no todos los hombres recurren a mujeres y niñas/os reducidos a
esclavitud sexual ; “visibilizar”, “exponer” a los que sí lo hacen, es decir
“al cliente” –probablemente padre de familia, pariente cercano, sujeto de la vida
pública–, implicará implementar estrategias tendientes a quebrantar el
tradicional ordenamiento social representado por el poder masculino.
Abordar los casos de mujeres desaparecidas, requiere de una
discusión en la que muchas personas no quieren entrar, porque les resulta
incómoda y comprometedora, ya que es mucho más complejo poner en tela de juicio
a la prostitución y a toda la “cultura y costumbre social” que la sostiene.
No es posible enfrentar y eliminar la trata de personas sin
asumir y denunciar la “complicidad” del entorno social y del Estado y sus
instituciones, dentro de una realidad en la que muchos preconceptos socialmente
naturalizados, como el de la “libre elección” o el de la “prostitución como
trabajo”, constituyen la forma en que
las democracias burguesas asumen y consienten el derecho de los hombres a
consumir prostitución.
Conclusion: Sin clientes no hay prostitución ni esclavitud
sexual
La globalización no sólo es un fenómeno económico. También
constituye una realidad política en la que se ejercen diversas formas de dominación.
Entre ellas la trata laboral y prostibularia que trasciende los límites
nacionales para atravesar las fronteras internacionales.
Si bien el negocio de la trata de personas con fines de
explotación sexual, es hoy el tercer negocio clandestino más redituable en el
mundo, se acerca a ritmos acelerados al primer lugar. Su faceta económica
explica la falta de voluntad política para actuar contra ella, y para comprar
voluntades, silencios, y complicidades.
Nos enfrentamos a un
delito que sólo es posible mediante una
red criminal que opera a nivel mundial y
que involucra a empresarios, tratantes, entregadores, policías, jueces, y
clientes. En consecuencia supone un “juego de poderes” en donde si bien la
mujer, niña, niño o adolecente es reducido a una simple “mercancía”
(objetivación de la víctima) susceptible de generar cuantiosas ganancias,
también supone la preexistencia de un elemento subjetivo sin el cual, toda este
entramado no existiría. Hablamos de la
conducta sexual masculina, -irresponsable y opresora si se quiere-, a partir de
la cual, el hombre busca satisfacción en el “abuso de poder”, que ejerce contra las víctimas sometidas.
Abuso de poder que encuentra su razón de ser en la
circunstancia de que el “cliente” no
desconoce la vulnerabilidad de la persona cuyos servicios contrata.
Lejos de ser un objeto, una mercancía susceptible de
comercializarse, la víctima de trata es un sujeto de derecho, y como tal,
merece contención, protección, recuperación, respeto, pero por sobre todo,
justicia.
Para ello serán necesarias políticas de Estado efectivas.
Políticas de estado que frente a la oferta y a la demanda de la esclavitud sexual existente,
sean no sólo “educativas”, sino también “punitivas”, es decir, que apunten a la
prevención y a la sanción del delito, y que impulsen el compromiso de la
Sociedad Civil frente a esta problemática.
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